La iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, supone una modificación del Código Penal, y establece que se impondrá la prisión de tres a diez años para quien cometa delitos de sustracción de menores.
El alto comisionado hizo un llamado al Congreso para que promulgue la legislación necesaria para eliminar el aborto del Código Penal Federal y a los congresos de las entidades federativas para que hagan lo mismo con prohentitud.
El Comité pide a Guatemala que modifique el Código Penal para legalizar el aborto y despenalizarlo en todos los casos, y que garantice que las mujeres y las adolescentes tengan acceso adecuado a servicios de aborto y post-aborto.