Persisten las diferencias de opinión en el seno del Consejo de Ministros sobre si corresponde enmendar también otras leyes previstas en el Acuerdo de Linas-Marcoussis.
Los miembros del Tribunal sostenían opiniones diversas sobre si la ley vulneraba ese derecho y si la violación estaba justificada con arreglo al artículo 1 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.