Solamente los Estados que carecían de disposiciones legislativas sobre esta cuestión (Azerbaiyán y Jamaica) constituyeron las pocas excepciones al respecto.
El Estado Parte arguye que el principio de seguridad jurídica debe considerarse uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional.
La eutanasia involuntaria, es un delito y se considera homicidio, pero el resto de los casos varía según las condiciones e implicaciones que se hayan establecido legalmente.