Debería darse prioridad a la promulgación de leyes destinadas a subsanar las diversas deficiencias estructurales que permiten que la corrupción prospere.
Pronto se establecería una oficina nacional de investigaciones como principal órgano estatal encargado de luchar contra la corrupción entre las altas autoridades.
Se indicó que el Gobierno estaba prestando asistencia técnica para facilitar el proceso de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Los participantes hicieron un llamamiento a todos los Estados para que se esforzaran por la rápida ratificación y aplicación eficaz de la Convención contra la Corrupción.