Por lo tanto, para obtener un panorama general, se ha utilizado información proporcionada por organizaciones no gubernamentales, en particular Amnistía Internacional.
El Gobierno de Transición ha avanzado considerablemente en el programa legislativo, en particular con la aprobación en noviembre de la ley de amnistía.
La comisión no está facultada para conceder amnistía, pero puede determinar los “delitos de índole política” respecto de los cuales cabe adoptar una ley de amnistía.
Así por ejemplo, la Argentina, Chile y Polonia han abrogado las leyes de amnistía promulgadas por el régimen autoritario o durante la transición, que infringían sus obligaciones internacionales.
No se trata de un proceso de amnistía como tal; no difiere mucho de los acuerdos obtenidos mediante la negociación de los cargos entre el Estado y el delincuente.
Varias decisiones recientes han confirmado la incompatibilidad de las medidas de amnistía con la obligación de los Estados de castigar los delitos graves punibles según el derecho internacional.
También instó al Gobierno a que ampliara la amnistía para los combatientes de base del Ejército de Resistencia del Señor y les ayudara a integrarse en sus comunidades.
Se realizan operaciones específicas con las autoridades competentes a fin de recoger armas o municiones entregadas voluntariamente en condiciones de amnistía o, en caso necesario, en operaciones más agresivas.
En un reciente informe de Amnistía Internacional se calificaba la violación de "arma de guerra", a menudo acompañada de insultos raciales, flagelaciones y actos sexuales en público como formas de humillación.